En la misma sesión donde se derogó el actual marco regulatorio del sistema de transporte urbano -y se aprobó uno nuevo- el Concejo Deliberante de Paraná aprobó además una norma que declara la emergencia pública económica y financiera en materia de obras públicas. La iniciativa fue girada por el Poder Ejecutivo municipal y se asemeja, en rasgos generales, a la norma aprobada a nivel provincial, girada por el gobernador Rogelio Firgerio.
La ordenanza delineada por Rosario Romero tiene apenas 3 artículos, de los cuales el tercero es apenas de de forma. En el primero se declara la emergencia por el plazo de un año, con la posibilidad de una prórroga por el mismo plazo. Se deja en claro, además, que la norma tiene por objeto “revisar, rescindir o renegociar las obligaciones y condiciones emergentes de los contratos de obras públicas”.
En el segundo apartado, en tanto, faculta al Departamento Ejecutivo a disponer -unilateralmente o de común acuerdo- la revisión, rescisión o renegociación de los contratos de obra celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia del proyecto, siempre y cuando generen obligaciones a cargo de la Municipalidad. También habilita a la suspensión o neutralización de los plazos de obra.
En los fundamentos, el gobierno municipal deja en claro la “situación crítica en materia de ejecución de obras públicas” que atraviesa no sólo la capital, sino que toda la provincia. Y si bien se aclara que la actual gestión municipal “se ha comprometido a cumplir dentro de sus posibilidades con las obras fundamentales ya iniciadas y de esta manera acercar a los habitantes de la ciudad las soluciones que demandan”, también se subraya que “en este contexto de crisis económica y de recorte de financiamiento resulta imposible para el Municipio absorber con fondos propios la ejecución de la totalidad de las obras que contaban con financiamiento provincial y nacional”.